Informe Evidencia que en América Latina y el Caribe los Proyectos Extractivos violan los Derechos Humanos

En enero de 2019 fue presentado el Informe regional de transparencia y acceso a la información en Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe cuya edición corrió a cargo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que junto a otras organizaciones del continente elaboraron de manera conjunta el informe. Los casos que se presentan corresponden principalmente a proyectos extractivos que operan desde la década de los noventas y años subsecuentes; aunque algunos son proyectos concluidos, los daños socioambientales que generaron son vigentes.

El documento está apoyado en los testimonios de personas afectadas por proyectos extractivos, evidenciando los impactos socioambientales causados por empresas mineras y petroleras con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana, donde aparentemente los gobiernos nacionales y locales han favorecido más a las empresas que a los afectados. El informe señala:

[…] con la presentación de estos casos se trata de exponer cómo la falta de aplicación efectiva del derecho a la información pública en el ámbito de las industrias extractivas implica la vulneración de otros derechos tales como: a la vida, salud, integridad física, ambiente sano y equilibrado, participación ciudadana, consulta previa, entre otros. A menudo, las poblaciones más vulnerables y sometidas a una situación de desventaja histórica, como las mujeres, pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, son las más perjudicadas.

Para explicar lo anterior, es generalmente aceptado que la transparencia y el acceso a la información, como derechos fundamentales, tienen el potencial de dotar a la ciudadanía de elementos para participar en la toma de decisiones públicas; en este caso relacionadas con la extracción de minerales e hidrocarburos. Para lograrlo, las comunidades y las instituciones públicas deben trabajar de manera coordinada, en ambientes de confianza, para la gestión de decisiones que pudieran generarán efectos (positivos o negativos) en las propias comunidades involucradas, y hacer posible lo que se ha denominado “gobernanza de recursos naturales”.

Desgraciadamente el informe deja claro que este ideal no se ha alcanzado en los casos que presenta, entre una de las causas se encuentra el hostigamiento de gobiernos y empresas hacia los defensores de derechos humanos. La gravedad es tal, que del hostigamiento se ha llegado al asesinato; a nivel global, el 70% de los defensores de derechos humanos asesinados eran defensoras y defensores de derechos al territorio y al medio ambiente sano.

Finalmente, es importante entender que el informe solo muestra la punta de iceberg de la conflictividad existente en torno a los proyectos extractivos, pero da la relevancia suficiente para poner mayor atención al seguimiento de este tipo de casos y contribuir a resolverlos. El informe puede ser descargado desde el siguiente enlace: https://www.dar.org.pe/publicaciones-gobernanza/

Horacio Beristain

Deja un comentario